A prueba de confianza: iniciativa en Jalisco obligaría a servidores públicos a realizarse exámenes antidoping semestrales
La propuesta de la diputada Yussara Canales, busca establecer consecuencias claras para los funcionarios de Jalisco que no cumplan con la norma. Modificando la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado.
-
Diputada de partido verde, Yussara Canales ante el Congreso de Jalisco. | @YussaraCG vía X.
Con el objetivo de restaurar la confianza ciudadana en la clase política, la diputada Yussara Canales, del Partido Verde, ha presentado una iniciativa en el Congreso de Jalisco que busca obligar a todos los servidores públicos de elección popular a someterse a exámenes toxicológicos de manera periódica.
La propuesta, que ha generado un amplio debate, plantea una serie de modificaciones legales para garantizar la sobriedad y la integridad de quienes toman las decisiones que afectan a la población.
Sigue a Titularia Guadalajara en WhatsApp Channels
- Te recomendamos ¿Otro caso de rabia en Tonila, Jalisco? Confirman un contagio atípico Comunidad
¿En qué consiste la propuesta de antidoping de la diputada?
La diputada Canales argumenta que la medida es un acto de "simple sentido común", especialmente en un contexto donde más del 70% de la ciudadanía desconfía de sus representantes. La iniciativa establece que los funcionarios electos —incluyendo el gobernador, diputados, alcaldes, síndicos y regidores— deberán realizarse estas pruebas de forma semestral y aleatoria.
Un aspecto clave es que los costos de los exámenes correrían a cargo de cada funcionario, evitando así cualquier gasto para el erario público. Esto busca asegurar que la propuesta sea autofinanciable y no represente una carga adicional para los contribuyentes.
Canales establece un paralelismo directo con otros servidores públicos, como los cuerpos de seguridad, quienes ya están obligados a pasar pruebas de confianza y toxicológicas.
"Si a policías, soldados y funcionarios de seguridad les exigimos pasar las pruebas de confianza y toxicológicos, ¿por qué los políticos que deciden el rumbo de Jalisco tendrían un privilegio distinto?", cuestionó la legisladora.
Esta analogía refuerza su posición de que la responsabilidad y la transparencia deben ser aplicadas a todos por igual, sin importar el nivel de la función pública.
La propuesta de la diputada del Partido Verde va más allá de una simple revisión, ya que busca establecer consecuencias claras para quienes no cumplan con la norma. La iniciativa contempla modificaciones a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como a la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado.
Según los cambios propuestos, negarse a realizar la prueba o dar positivo en el consumo de drogas sería considerado una falta administrativa, lo que podría acarrear sanciones significativas.
Una respuesta a la crisis de confianza en los funcionarios públicos
Para la legisladora, la iniciativa es una respuesta contundente a la crisis de credibilidad que aqueja a las instituciones políticas. Canales enfatiza que "la crisis de credibilidad que enfrentan las instituciones políticas debe atenderse con hechos, no con discursos".
Con esta propuesta, la diputada busca demostrar que la transparencia y la ética en el servicio público son posibles y necesarias para dignificar la función pública. Su llamado a la acción es un desafío directo a la clase política para que demuestre su compromiso con la ciudadanía.
Canales no dudó en señalar que aquellos que se opongan a la medida tienen algo que esconder. "Si queremos pedirle al pueblo confianza, primero tenemos que demostrarle que estamos limpios, que somos responsables y que no tenemos nada que esconder", afirmó.
Su mensaje es claro: si la propuesta ofende a alguien, "el problema no es la iniciativa, el problema está en sus conciencias". Este señalamiento busca disuadir cualquier intento de bloqueo a la ley y poner en evidencia a quienes no estén dispuestos a someterse a un escrutinio tan básico.
La iniciativa no es un caso aislado en el país, como lo recordó la diputada. En entidades como Baja California, ya existe una obligación similar para los servidores públicos de primer nivel, quienes deben someterse a pruebas antidoping anualmente.
- Te recomendamos Así se vivió el Grito de Independencia y el concierto de Los Aguilar en Jalisco | RESUMEN Comunidad
Canales también citó ejemplos recientes en Coahuila, donde alcaldes y sus gabinetes se sometieron públicamente a estas evaluaciones. Estos precedentes demuestran que la medida es viable y que otros estados han tomado un "paso firme para dignificar la función pública".
En esencia, la propuesta de Yussara Canales es un llamado a la acción para recuperar la confianza de los ciudadanos a través de la transparencia y la rendición de cuentas. Al exigir exámenes toxicológicos obligatorios para los funcionarios electos, la iniciativa busca asegurar que quienes ocupan cargos de poder estén en plenas condiciones mentales y físicas para cumplir con sus responsabilidades.
La propuesta pone en jaque a la clase política y les pide que demuestren con hechos que están a la altura del cargo que representan.
Te recomendamos
LG
-
TAGS RELACIONADOS:
- Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de TELEDIARIO; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
-
