Cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León revelaron el repunte de los casos de privación ilegal de la libertad de mayo a junio del 2025.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos argumentan que los migrantes deben tener la oportunidad de presentar pruebas y exponer sus argumentos ante un juez de inmigración para ser liberados.
El caso data desde 2018, cuando el hombre y tres personas más irrumpieron en una estética para privar de la libertad a una mujer, a quien no liberaron pese a que la familia pagó el rescate.
De acuerdo con los informes, el registro se realizó gracias a los trabajos del Comité de Vigilancia y Monitoreo, luego de que Abel Guerrero Tello, integrante del comité.
