Eduardo fue imputado por los delitos de corrupción de menores y acoso sexual, presuntamente cometidos mientras trabajaba como entrenador de un gimnasio en San Nicolás.
Los manifestantes aprovecharon la visita del gobernador de Durango para exponer su caso, pues señalan que la secretaria general de la sección 188 solo vela por sus intereses políticos.
Una denuncia anónima reveló presuntos cobros indebidos y extorsiones dentro del penal, además, el titular del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Jilotepec fue destituido.
Como parte de una estrategia de simplificar, digitalizar y eliminar la corrupción, el gobierno de Sheinbaum eliminó ya el 56 por ciento de trámites ante el gobierno federal.