Remiten al Tribunal de Justicia Administrativa investigación por desvío contra exfuncionarios de San Pedro
De acuerdo con información confirmada por la plataforma MILENIO-Multimedios, el caso involucra a dos exsecretarios, tres exdirectores y un exsíndico del Ayuntamiento de la pasada administración en San Pedro.
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La Contraloría remitió a Sala Especializada del TJA el expediente relativo a la investigación en contra de los exservidores públicos. | Jorge López
El Gobierno de San Pedro Garza García turnó al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Nuevo León la investigación contra seis exfuncionarios de la gestión de Miguel Treviño, señalados por presunto desvío de recursos.
De acuerdo con información confirmada por la plataforma MILENIO-Multimedios, el caso involucra a dos exsecretarios, tres exdirectores y un exsíndico del Ayuntamiento de la pasada administración independiente. La remisión ocurrió después de que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia municipal concluyera la indagatoria el pasado 24 de septiembre.
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¿Quiénes son los exfuncionarios de San Pedro investigados por desvío de recursos?
Se trata de los exsecretarios Mariana Téllez Yáñez, de la Contraloría y Transparencia, y Laura Leticia Lozano Villalobos, de Administración. Además de los exdirectores José Ramírez de la Rosa, de Gobierno; Rubén Tamez Rodríguez, de Egresos; Carlos Romanos Salazar, de Adquisiciones, y el exsíndico primero, Francisco Juan Garza Barbosa.
La Contraloría remitió a la Sala Especializada del TJA el expediente relativo a la investigación en contra de los seis exservidores públicos de la Administración Pública Municipal 2021-2024, señalados por la presunta comisión de la falta administrativa considerada como grave.
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Las presuntas irregularidades aparecieron tras la contratación de un servicio de escaneo y firma digital solicitado con motivo del proceso de entrega-recepción 2021-2024.
Según la investigación, el servicio fue adjudicado directamente por excepción a la licitación pública, argumentando razones de seguridad, cuando la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Nuevo León, expresamente prohíbe el uso de esa fracción cuando se trate de requerimientos administrativos.
La audiencia inicial tuvo lugar el 19 de septiembre de 2025, misma a la que comparecieron los abogados defensores de los presuntos responsables.
En la audiencia, uno de los defensores fue el ex director General de Asuntos Jurídicos, Benito Juárez Calvillo, vinculado a proceso penal por el caso de daños millonarios por la demolición de las Torres Ysabella.
El Artículo 78 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Nuevo León, prevé que a los exsecretarios y exdirectores se les pudieran aplicar sanciones como la suspensión del empleo, cargo o comisión, y la destitución del empleo, entre otras.
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